ualquier persona es una víctima potencial de secuestro en Haití. Los pandilleros escogen sus víctimas al azar, sin ningún patrón específico. Esa es la percepción que se ha ido consolidando entre los haitianos, y especialmente entre los habitantes de Puerto Príncipe, desde que este delito comenzó a aumentar en febrero del año pasado. Médicos, estudiantes, comerciantes y hasta policías han sido víctimas.

La magnitud real de este flagelo es difícil de calcular en números en un país donde el acceso a la información es casi nula y las organizaciones no gubernamentales –que pululan en Haití– manejan diferentes cifras. Además, son muchas las familias que prefieren negociar directamente con los bandidos; confían más en las redes sociales que en la policía, para encontrar a sus seres queridos o recaudar el dinero del rescate.

No obstante, los reportes presentados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ante el Consejo de Seguridad durante el año pasado sí muestran un marcado aumento del secuestro. Según el informe de septiembre, los casos se incrementaron un 200 por ciento entre enero y mayo con respecto al periodo anterior. En total, 92 casos fueron reportados a la Policía en ese periodo, 50 de ellos en febrero.

Por su parte, la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020; una cifra desproporcionada para un país del tamaño de Haití, comparable con estimados de secuestros en México (1.387 según la ONG Alto al Secuestro) en el mismo periodo, a pesar de tener solo una décima parte de su población.

La BINUH, que reemplazó desde octubre de 2019 a la Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití (MINUJUSTH), se basa en casos reportados ante la Policía Nacional de Haití (PNH). A lo largo de esta investigación periodística se hicieron varios intentos de obtener información directa de la PNH, pero no se obtuvo respuesta.

Uno de los primeros casos de secuestro ocurrido en el 2020 cobró seis víctimas: cinco secuestrados y un fallecido. El 8 de febrero cinco jóvenes miembros de una iglesia que regresaban de una misión pastoral fueron secuestrados en Martissant, en el sur de la capital. Los secuestradores exigieron un rescate. Tres días después fueron liberados, previo pago del dinero. Pero Jean Rubens Eugene, otro miembro de la iglesia, fue ejecutado por los secuestradores cuando fue a llevarles el dinero del rescate.

Los casos se acumularon rápidamente. Un niño pequeño, secuestrado a tiro de piedra de una comisaría el 11 de febrero. O una niña de 11 años, raptada frente a la casa de sus padres mientras jugaba con su madre, el 21 del mismo mes. En pleno día.

Junto con los secuestros, la capital experimentó una ola de desapariciones inexplicables. Decenas de personas se reportaron desaparecidas hasta noviembre. Las redes sociales estaban plagadas de avisos de búsqueda. Un niño salió de su casa y los padres no tuvieron noticias durante tres días. Un adulto salió y nunca regresó. Se han encontrado algunos, sanos y salvos en su mayoría. Para explicar su desaparición, cada uno tiene su propia historia y ningún hilo común parece unirlos. Pero otros simplemente fueron encontrados muertos, como Chimene Hyppolite, cuyo cuerpo se encontró calcinado tras varios días de desaparición.

El aumento del secuestro evidencia el deterioro general de la seguridad en el país, que va de la mano de la creciente crisis de gobernabilidad de Jovenel Moïse. Entre septiembre y noviembre de 2019 los haitianos vivieron un bloqueo general en casi todo el país, conocido como Pays Lock. Una nueva forma de presión de la oposición contra el gobierno surgida en el 2018, que busca paralizar la circulación de la gente, los negocios, los colegios. El de finales del 2019 no fue el primer Pays Lock, pero sí el más prolongado y violento. Al menos 55 personas murieron en las 1.341 manifestaciones que se registraron durante esos meses. Las protestas son, en muchas ocasiones, escenario del choque de pandillas por control territorial.

Desde enero del 2020, Jovenel Moïse gobierna solo, por decreto, pues el periodo de los parlamentarios expiró y el jefe de Estado no convocó elecciones para reemplazarlos. De esta manera, ha tomado varias decisiones controversiales, por ejemplo, la creación de una agencia nacional de inteligencia, cuyos miembros están por encima de toda la ley y solo informan al presidente; o las acciones para restarle poder al Tribunal Superior de Cuentas, que lo había acusado de actos de corrupción.

Sin importar si apoyan a la oposición o están a favor del gobierno de Moïse, son los ciudadanos hatianos los más afectados por los bloqueos prolongados, la inseguridad y la impunidad de la que gozan los violentos. En el otro extremo, las pandillas, que han ampliado su alcance –y sus ingresos– aparecen como las grandes beneficiadas de la debilidad del gobierno y el miedo de la población.

Aunque varias organizaciones de derechos humanos habían denunciado años atrás la relación del gobierno de Moïse con las pandillas, fue en el 2020 cuando las señales fueron más evidentes.

El 27 de marzo, Jerry Bitar, médico del hospital Bernard Mevs, en Puerto Príncipe, fue secuestrado. Varios hospitales del país entraron en paro laboral y en las redes sociales se gestó una movilización. Viendo que crecía el caso, el primer ministro, Joseph Jouthe, dijo que su gobierno estaba trabajando para asegurar la liberación del médico, a quien soltaron horas después. En un tuit que luego borró, el primer ministro agradeció al presidente, quien habría estado involucrado personalmente en la liberación del médico.

Un mes después, en medio de una rueda de prensa sobre la covid-19, el mismo Jouthe aseguró que estaba en constante comunicación con los pandilleros, que conocían su número de teléfono, al que lo habían llamado al menos una vez. Izo, un líder de una pandilla, se había quejado ante el ministro por los controles de carretera colocados por la policía fuera del barrio controlado por su banda. En vivo, el jefe de gobierno le prometió al bandido que lo llamaría durante la noche.

Sobre este hecho, el ministro Jouthe le dijo a Ayibopost que le había contestado a los pandilleros como lo habría hecho con cualquier otro ciudadano: “Las pandillas se ven a sí mismas como agentes de desarrollo porque son la ley en estos barrios. Me llamaron para pedir ayuda y aproveché para invitarlos a deponer las armas y retomar la vida normal. Lamentablemente, no aceptaron y ahora la PNH está pasando directamente al desmantelamiento. Me llamaron y respondo como a todos. No veo por qué se enfadan por esto, soy el primer ministro de todos”.

Dos meses después, se creó una alianza entre nueve de las principales pandillas de la capital. La federación conocida como G9 an fanmi e an alye (familia y aliados, en creole), es dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue. El líder del G9 es un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos. Aun con una orden de arresto vigente, la influencia de Cherizier creció durante el 2020; mientras sus vecinos lo ven como un líder social, en otros lugares de Puerto Príncipe es temido como el mayor jefe pandillero.

Según la Fundación Je Klere, la G9 se creó para asegurar la victoria del partido del Presidente de la República, el PHTK, en las próximas elecciones. Lo mismo asegura la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDHR), una de las ONGs más conocidas del país. Los territorios controlados por esta alianza son importantes en términos de electorado. Cientos de colegios electorales se encuentran allí durante las elecciones, según el informe del grupo de derechos humanos.

“Fue Jimmy Cherizier quien puso a disposición del Estado, en Delmas 6, una sala para instalar una sede de la Oficina Nacional de Identificación”, le dijo a Ayibopost Pierre Espérance, director ejecutivo de la RNDDH. “En esta zona, las cartillas electorales se fabrican bajo sus órdenes”.

Según esta misma organización, Cherizier participa de otras actividades comunales como si fuera una autoridad más. De acuerdo con un reporte de junio, el 1 de abril el Fondo de Asistencia Económica y Social (FAES) envió a Delmas 6 un envío de kits de alimentos para su distribución. El reparto se realizó bajo la dirección del inspector principal Romane Picard, adscrito a la comisaría de Delmas 33. “Jimmy Cherizier alias Barbecue participó activamente en dicha distribución”, señala la RNDDH.

A pesar de que Jimmy Cherizier ha negado varias veces –en declaraciones conocidas a través de redes sociales– su connivencia con el gobierno, la mayoría de las acciones del expolicía han beneficiado indirectamente a la administración de Moïse.

El 13 de noviembre del 2018 miembros de varias pandillas atacaron a los habitantes de La Saline, barrio popular de Puerto Principe y uno de los epicentros de las protestas contra Moïse. Según un reporte de la MINUJUSTH al menos 26 personas fueron asesinadas y 12 fueron desaparecidas. La masacre, según el informe, se dio en medio de una lucha de pandillas por el poder territorial. Cherizier, aun como miembro de la Policía, fue visto durante el ataque, vestido de civil, acompañado por otros dos policías y Richard Duplan, delegado departamental para Occidente y representante directo del presidente. Según la RNDDH y Je Klere, entre otras, también estuvo presente Fednel Monchery, director general del ministerio del Interior.

A pesar de que La Saline se encuentra a menos de un kilómetro de dos estaciones de policía y otras unidades especiales, las autoridades no acudieron a la zona durante las 14 horas que duró el ataque. Cherizier negó su participación, pero fue expulsado de la Policía un mes después. En febrero del 2019 se emitió una orden de arresto en su contra que nunca se ejecutó. El pasado 10 de diciembre, Cherizier, Duplan y Monchery fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en la masacre.

Siguiendo un patrón muy similar al de la masacre de La Saline, un año después Cherizier, alias Barbecue, atacó el barrio de Bel-Air, otro bastión de la oposición. Según un informe de la BINUH, el objetivo inicial era eliminar las barricadas que había instalado la oposición en esta zona. Al menos 3 personas fueron asesinadas y 6 resultaron heridas. Los bandidos también quemaron 30 viviendas y 11 vehículos. Esta vez el ataque duró tres días, sin que ninguna autoridad hubiera acudido.

“Lejos de ser un hecho aislado, el ataque a Bel Air muestra la evolución reciente del contexto actual en Haití, principalmente caracterizado por la inseguridad general en los barrios populares y marginales, la impunidad de los miembros de pandillas que cometen violaciones de derechos humanos, la presunta colusión entre ellos y ciertos actores políticos y económicos, los vínculos entre pandilleros y ciertos agentes de la Policía Nacional de Haití, así como la falta de intervención de la policía para garantizar la protección de la población”, señala el informe de febrero del 2020.

El G9
y la ilusión de paz

Jimmy Cherizier, alias Barbecue, posa junto a sus antiguos compañeros de la Policía. Crédito: Tomada de redes sociales.

La creación del G9 fue respaldada por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (CNDDR), creada en 2006 y reactivada por Moïse en 2019. La comisión depende directamente de la oficina del primer ministro. Jean Rebel Dorcenat, uno de los miembros de esta comisión, dijo en un programa de radio que había sugerido que las pandillas se reagruparan. Según él, esto le facilitaba las cosas a la CNDDR, que tendría un solo interlocutor. Esta nueva federación de pandillas traería la paz después de varias masacres en los barrios populares, atribuidas a las bandas armadas de Puerto Príncipe.

Al principio, el sociólogo Olivier Djems, quien estudia el fenómeno de las pandillas en Haití, también pensó que esta alianza podría ayudar a lograr la paz. “En un proceso de desarme el primer paso es crear un entendimiento entre los beligerantes”, le explicó a Ayibopost. Pero rápidamente, el experto se dio cuenta de que el G9 no era lo que él pensaba. La inseguridad, así como el miedo, aumentaron en el segundo semestre del 2020, luego de la creación de la federación pandillera.

El poder del G9 se manifestó el 7 de julio, cuando más de 50 de los miembros de la alianza salieron a marchar por las calles de Puerto Príncipe, fuertemente armados, para exigir su reconocimiento legal. La policía no estuvo presente. Lucmane Delille, ministro de Justicia en ese momento, fue despedido dos días después, tras condenar el desfile de pandilleros por la capital.

Las alianzas entre pandillas y el secuestro como medio de financiación no es algo nuevo en Haití. “Las pandillas han operado de manera similar desde 1980, con muchas alianzas formales e informales. Este fue también el caso en 2002 y 2003, cuando bandas armadas se unieron para expulsar al gobierno (de Jean Bertrand Aristide)”, le explicó a Ayibopost Athena Kolbe, profesora de la Universidad de Carolina del Norte. Tras el exilio de Aristide, el secuestro se estableció como práctica común de los delincuentes. Según datos reportados en 2008 por la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, en el 2005 se registraron oficialmente 760 secuestros, que le significaron a los grupos armados ganacias por más de 50 millones de dólares. En el 2006, la cifra de secuestros fue de 554.

Según la BINUH, luego de un leve descenso en la cifra de secuestros entre marzo y mayo del 2020, cuando las diferentes pandillas estaban en medio de intensas negociaciones, los casos volvieron a aumentar una vez establecida la alianza. Las bandas armadas retomaron sus negocios.

Para Djems, el aumento de los casos de secuestro se debe a la facilidad con la que se recauda el dinero. “Hasta hace poco, la gente solía ser asaltada cuando regresaba del banco. Pero estos actos han bajado mucho. Los bandidos están pensando en otras estrategias, y con el secuestro se gana dinero más rápido. Hay grupos especializados en secuestros, pero hay son cada vez más pequeños grupos armados que lo hacen también, porque es lucrativo”.

Según un médico que contó su caso para esta investigación, y que pidió no revelar su nombre, los pandilleros tienen la instrucción de no volver a casa con las manos vacías. “Uno de los bandidos que custodiaba la casa me dijo que yo no era la persona a la que iban a secuestrar. Pero no lo habían encontrado. Cuando estaba en el camino, me llevaron en su lugar”, contó el médico que fue raptado a pocos metros del Palacio Nacional.

as bandas armadas responsables de los secuestros han experimentado un desarrollo sin precedentes. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), existen más de 76 pandillas en el país. Gracias a este ‘negocio’ se han vuelto más fuertes y pueden proveerse de armas. Actualmente, 500.000 armas ilegales están circulando en el país.

Además del secuestro indiscriminado, el segundo semestre del 2020 también estuvo marcado por varias muertes violentas que conmocionaron a la sociedad haitiana. El 12 de julio, Meridina Fleurimond, una bebé de 8 meses, murió por una bala perdida. Sucedió en medio de una batalla de pandillas en la comuna Cité Soleil, una de las más empobrecidas de la capital.

El homicidio de Montferrier Dorval, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, provocó una gran consternación. “Ferviente defensor de la reforma constitucional”, según el reporte de la ONU, Dorval se había referido a ese y otros temas políticos pocas horas antes de su muerte, durante una entrevista de radio. Fue asesinado frente a su casa, en el mismo barrio donde vive el presidente. Un día después del crimen, Moïse dijo en una alocución nacional que se tomarían medidas enérgicas para combatir la inseguridad.

Evelyne Sincère, una colegiala que acababa de terminar sus exámenes de bachillerato, fue secuestrada el 29 de octubre. Su cadáver desnudo, maltratado, con huellas de violación y golpizas, fue arrojado a un montón de basura, a pesar de la promesa de la familia de pagar los varios miles de gourdes que pedían los secuestradores por su rescate. Tirar el cadáver a un montón de basura: esta es la amenaza de los bandidos cuando una familia intenta negociar una liberación sin pagar el dinero de rescate, o cuando la familia reporta el secuestro a la policía o la prensa.

Afortunadamente, su familia logró reunir suficiente dinero para el rescate. Una noche, uno de los secuestradores agresivos vino a buscarlo y le dijo que tenía que irse. Pensó que lo iban a matar. “Pedí un poco de tiempo para decir mis últimas oraciones. Luego me pusieron la misma capucha en la cabeza y bajamos”.

Se subieron a un carro que el médico pudo reconocer como el suyo. Tardaron menos de 10 minutos en la vía. Entonces los coches se detuvieron. Le dijeron al médico que se quedara en el asiento trasero del vehículo y que contara 10 minutos antes de levantarse. “Mira, no somos tan malas personas, incluso te devolvemos tu auto”, le espetó uno, antes de marcharse.

El 16 de noviembre de 2020 Leon Charles fue nombrado como nuevo director de la Policía Nacional de Haití. Charles ya había estado al frente de la PNH en 2004, cuando el secuestro estaba desatado, pero fue despedido por falta de resultados.

El nuevo director ya ha lanzado varias operaciones contra ciertos líderes de pandillas, especialmente en Gran Ravine. Sin embargo, la estrategia no parece dar resultado. El pasado 20 de enero unos escolares fueron secuestrados en la localidad de Carrefour, a unos 10 km de Puerto Príncipe y a pocos metros de las zonas de Grand Ravine y Martissant, controladas por el G9.

Desde finales del 2020, los secuestradores han cambiado de táctica. Ahora usan uniformes de la policía. También, para borrar pistas, le atribuyen a otros grupos el delito. “Me pidieron que llamara a mis familiares para decirles que el grupo 400 Mawozo me secuestró y que están pidiendo un rescate de 300.000 dólares”, explicó el médico. 400 Mawozo es una pandilla conocida en Puerto Príncipe, pero su base se encuentra a más de 15 kilómetros de donde fue secuestrado el galeno. El recorrido entre la casa donde estaba cautivo y el lugar donde lo dejaron duró apenas 10 minutos.

A pesar de la creciente represión policial, los haitianos siguen saliendo a las calles a protestar contra el secuestro y la inseguridad. También se manifiesta la oposición, que exige la salida de Moïse este 7 de febrero, cuando según ellos se cumplen 5 años de mandato. Un nuevo Pays Lock se contempla en el panorama. Por su parte, el presidente asegura que todavía le queda un año más y ha asegurado que convocará a elecciones, pospuestas desde el 2019. En cuanto al auge de los secuestros, el mandatario anunció la creación de un grupo de trabajo liderado por el ministro Jouthe, y aseguró que trabajan para encontrar “la verdadera fuente del problema”.